Mientras las jubilaciones se actualizan por inflación desde 2023, el bono para quienes cobran la mínima quedó congelado y pierde peso frente a la suba de precios.

Un bono que quedó quieto frente a la inflación
En marzo se cumplen dos años desde que el Gobierno de Javier Milei consolidó la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para actualizar las jubilaciones. Sin embargo, el bono destinado a quienes perciben el haber mínimo permanece congelado en $70.000, sin ajustes que acompañen la suba del costo de vida.
Ese plus fue concebido como un refuerzo para los ingresos más bajos del sistema previsional, pero en la práctica se fue licuando mes a mes. Con una inflación que acumuló varios puntos porcentuales en los últimos años, el monto fijo perdió poder de compra y hoy representa mucho menos que al momento de su implementación.
De esta manera, quienes cobran la mínima dependen cada vez más del ajuste por IPC sobre el haber base, mientras el bono funciona como una suma simbólica en relación con los gastos cotidianos, especialmente en rubros como alimentos, medicamentos y servicios.
Cuánto poder adquisitivo se perdió
Según cálculos de economistas consultados por medios especializados, si el bono de $70.000 hubiera acompañado la inflación acumulada desde su instauración, hoy debería ser considerablemente más alto. En la práctica, la pérdida real supera con amplitud el 30%, aunque el porcentaje exacto varía según el período de referencia que se tome.
El resultado es que el ingreso total de un jubilado o jubilada que depende de la mínima se ve cada vez más ajustado. Incluso con la movilidad por IPC, el refuerzo fijo desactualizado agranda la brecha entre lo que se cobra y lo que cuesta vivir, en un contexto de tarifas en alza y medicamentos que se mueven por encima del promedio general.
Organizaciones de adultos mayores y especialistas en seguridad social advierten que esta situación profundiza la vulnerabilidad del sector. Muchos jubilados destinan más de la mitad de sus ingresos a salud y alquiler, lo que deja poco margen para otros consumos básicos.
El debate sobre la sustentabilidad y la equidad
El Gobierno nacional sostiene que el esquema de movilidad por IPC apunta a dar previsibilidad al sistema previsional y evitar saltos discrecionales. No obstante, el congelamiento del bono mínimo abre un debate sobre la equidad dentro del propio régimen, ya que el impacto se concentra en el segmento más vulnerable de jubilados.
En paralelo, distintos analistas remarcan que la discusión no se limita al monto del bono, sino al modelo de financiamiento de la seguridad social y a la capacidad del Estado para sostener haberes que acompañen el costo de vida sin desfinanciar el sistema. Propuestas como segmentar los refuerzos o acotarlos a quienes no tienen otros ingresos complementarios vuelven a estar sobre la mesa.
Mientras tanto, los jubilados de la mínima esperan definiciones. Sin una actualización del bono, la recomposición de ingresos llega a medias y se siente con fuerza en el changuito del supermercado y en la farmacia, donde cada aumento pega de lleno en el bolsillo.



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