Una beba de poco más de un año murió en la localidad bonaerense de Ensenada y la Justicia investiga si fue víctima de un brutal abuso sexual. Sus padres y un tío quedaron imputados mientras se analizan las primeras pruebas del caso.
La víctima tenía un año y dos meses y su muerte derivó en una causa penal que conmociona a Ensenada. El fallecimiento puso bajo la lupa el entorno familiar, luego de que los médicos que la atendieron advirtieran indicios de violencia sexual en la pequeña.
De acuerdo a las primeras informaciones, la beba llegó sin vida a un centro de salud de la zona. El personal médico, al constatar lesiones en la zona genital y anal, activó el protocolo de violencia contra la infancia y dio aviso inmediato a la Policía y a la Fiscalía de turno.
Ante la sospecha de un abuso gravísimo, la Justicia ordenó la detención e imputación de los padres de la niña y de un tío que también convivía con la familia. Todos quedaron a disposición del fiscal a cargo de la investigación, mientras se aguardan los estudios complementarios.
Autopsia y pruebas clave para la causa
La autopsia forense será central para determinar con precisión la causa de la muerte y el alcance de las lesiones detectadas. En este tipo de casos, los peritos analizan no sólo posibles signos de abuso sexual reciente, sino también eventuales rastros de violencia previa, maltrato físico u otros indicios compatibles con abandono de persona.
Fuentes judiciales explican que, además de la necropsia, se suelen tomar muestras biológicas para estudios de ADN y se secuestran prendas, sábanas y elementos del domicilio familiar que puedan aportar evidencia. También se ordenan peritajes sobre teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
En paralelo, equipos interdisciplinarios especializados en niñez y género intervienen para reconstruir el contexto familiar, detectar antecedentes de violencia y contener a eventuales hermanitos u otros menores que pudieran estar en riesgo.
La reacción social y el rol de las denuncias
Hechos como este reavivan la preocupación por los abusos intrafamiliares, una problemática que organizaciones especializadas señalan como altamente subregistrada. Muchas veces, los agresores forman parte del círculo íntimo de la víctima y utilizan el silencio, las amenazas y la dependencia económica para sostener el sometimiento.
Desde los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes recuerdan que cualquier persona puede y debe denunciar situaciones sospechosas de abuso o maltrato, incluso cuando no tenga pruebas plenas. La intervención temprana de la escuela, los vecinos o los servicios sociales puede evitar desenlaces fatales.
En Argentina rige la línea telefónica 102, un canal gratuito y confidencial de alcance nacional para recibir consultas y denuncias por vulneración de derechos de chicos y chicas. También se puede recurrir a comisarías, fiscalías y oficinas de violencia familiar de cada jurisdicción.
Mientras el expediente avanza, el caso de Ensenada vuelve a exponer la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, detección temprana y acompañamiento integral a las infancias, para que advertencias que muchas veces circulan en silencio se transformen a tiempo en protección efectiva.
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