El Gobierno decidió retirarse del negocio de importación de gas natural licuado y dejar en manos privadas la compra del combustible clave para el invierno. La medida promete menos subsidios, pero también abre interrogantes sobre el impacto en las tarifas y los riesgos cambiarios.
Con la nueva decisión oficial, el Estado deja de actuar como intermediario y principal comprador de GNL, el gas natural licuado que se trae en barco para reforzar el suministro en los meses fríos. A la vez, se propone recortar el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
Hasta ahora, el esquema habitual era que el Gobierno importara el GNL a través de empresas estatales o acuerdos públicos, y luego lo inyectara al sistema de gas, absorbiendo buena parte de la diferencia entre el costo real en dólares y lo que pagan los usuarios en sus facturas.
Con la privatización de las compras, serán operadoras y comercializadoras privadas las que saldrán a negociar los cargamentos en el mercado internacional. El Estado se correría a un rol más regulador, enfocado en habilitar contratos y supervisar que el abastecimiento interno esté garantizado.
Qué puede pasar con las tarifas de gas
El corazón de la discusión está en cómo se trasladarán esos costos a las facturas. Si el dólar se mantiene estable y el precio internacional del GNL no se dispara, el nuevo esquema podría permitir una reducción gradual de subsidios sin saltos bruscos en las boletas.
Sin embargo, funcionarios y especialistas admiten que existe un riesgo central: un fuerte sacudón cambiario o un pico en los precios globales del gas podría encarecer rápidamente las importaciones. Si las tarifas quedan pisadas por razones políticas o sociales, las empresas podrían no cubrir sus costos.
En ese escenario, el nuevo esquema de mercado correría el riesgo de naufragar. Las compañías que asuman compromisos de compra en dólares necesitan tener la certeza de que podrán recuperar la inversión a través de la tarifa, algo que en Argentina siempre está atravesado por la inflación y los congelamientos.
Menos subsidios y más exposición al dólar
El cambio se inscribe en la estrategia oficial de reducir el peso de los subsidios energéticos, que históricamente representaron un fuerte gasto para el Tesoro. Al privatizar las importaciones, el Gobierno busca limitar su participación directa en el negocio y achicar el déficit.
Pero la contracara es una mayor exposición del sistema energético al movimiento del tipo de cambio. Cada barco de GNL se paga en dólares, mientras que la recaudación de las tarifas es en pesos. Cualquier salto del dólar que no se traslade rápidamente a las facturas puede generar un descalce financiero.
Para los hogares y las pymes, el interrogante es claro: si no hay subsidios que amortigüen los aumentos, el impacto del GNL caro puede sentirse de lleno en la factura. Por eso, analistas advierten que será clave la política tarifaria que el Gobierno aplique en los próximos meses.
A futuro, el Ejecutivo apuesta a que el desarrollo de Vaca Muerta y de nuevas infraestructuras de gasoductos reduzca la necesidad de importar GNL. Hasta que eso ocurra, cada invierno seguirá dependiendo, en gran medida, de cómo se financien y se paguen estos cargamentos.
Qué miran los inversores del sector energético
Las empresas que participan del negocio observan con atención la letra chica del nuevo esquema: condiciones de los contratos, garantías de pago, reglas cambiarias y plazos de actualización de tarifas. Sin previsibilidad, alertan, el negocio puede volverse altamente riesgoso.
En un contexto de volatilidad cambiaria, el diseño de este sistema será clave para definir quién asume el riesgo: si las empresas, el Estado a través de nuevos mecanismos de compensación o los usuarios mediante aumentos más rápidos en las boletas.
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