Argentina volvió a perder terreno en el mapa mundial de la transparencia: el último Índice de Percepción de la Corrupción la ubica entre los países con mayores desafíos para controlar el uso de los recursos públicos y reforzar sus instituciones.
Argentina, cinco escalones abajo en el ranking
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional, Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100, uno menos que en la medición previa. Este retroceso hizo que el país cayera cinco puestos en el ranking y se ubicara en el lugar 104 de 182 países.
El indicador, que se basa en la mirada de especialistas, empresarios y organizaciones sobre el sector público, evalúa la presencia de sobornos, desvío de fondos y la eficacia de los mecanismos de control. Cuanto más cerca de 100 se ubica un país, menor es la percepción de corrupción en sus instituciones.
Con 36 puntos, Argentina se mantiene por debajo del promedio global y también lejos de países de la región que lograron sostener o mejorar sus puntajes en los últimos años. La brecha con las naciones mejor posicionadas evidencia las dificultades locales para consolidar políticas de Estado en materia de transparencia.
Casos resonantes y falta de reformas de fondo
Entre los factores que explican la caída, el informe apunta a la ausencia de avances significativos en políticas de acceso a la información, compras públicas abiertas y controles independientes. También pesa el impacto de investigaciones recientes como los casos Libra y ANDIS, que reavivaron el debate sobre el manejo de fondos estatales.
Especialistas consultados señalan que la combinación de causas judiciales en curso, cambios frecuentes de normativa y debilidad en los organismos de control alimenta la percepción de opacidad. El resultado es una desconfianza creciente hacia la administración pública y hacia la clase dirigente en su conjunto.
Impacto económico y desafíos para el país
La posición de Argentina en el ranking no es un dato menor para la economía. Un nivel alto de corrupción percibida puede encarecer el financiamiento externo, desalentar inversiones productivas y afectar la competitividad. También tiene efectos directos en la vida cotidiana, al debilitar la calidad de los servicios públicos.
Organismos internacionales insisten en que la lucha contra la corrupción debe incluir mayor transparencia presupuestaria, regulación estricta del financiamiento político, protección a denunciantes y modernización de los sistemas de compras y contrataciones del Estado.
En ese marco, analistas coinciden en que el retroceso de 2025 es una señal de alerta: si no se encaran reformas de largo plazo y se fortalecen los controles, Argentina corre el riesgo de quedar rezagada frente a otros países que avanzan en estándares de integridad pública.
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