La muerte del suboficial del Ejército Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos abrió una investigación que expuso una presunta red de extorsiones que operaba a través de una app de citas y que ya tiene varios detenidos.
Una muerte rodeada de dudas en la residencia presidencial
Rodrigo Gómez, militar del Ejército Argentino, fue hallado muerto dentro del predio de la Quinta de Olivos, residencia oficial del Presidente. El caso, que en un primer momento se investigó como un posible suicidio, derivó en una pesquisa más amplia al detectarse vínculos con una supuesta banda de presos bonaerenses dedicada a extorsionar a través de perfiles falsos en una app de citas.
De acuerdo a fuentes judiciales, la mecánica era siempre similar: los involucrados creaban perfiles de mujeres atractivas, iniciaban conversaciones con las víctimas y, tras intercambiar fotos o mensajes íntimos, aparecía la amenaza. De pronto, se les informaba que la supuesta mujer era menor de edad y que la familia o un abogado iniciarían una denuncia penal si no se realizaban transferencias bancarias inmediatas.
Gómez habría sido una de esas víctimas. En su última carta, que quedó como una pista clave para la causa, el militar dejó referencias a la presión económica y emocional que estaba atravesando. Esa nota fue incorporada al expediente y orientó a los investigadores hacia la pista de la extorsión virtual.
Cómo operaba la red de extorsión desde las cárceles
Los primeros resultados de la investigación revelaron que la banda estaría integrada por internos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires, con apoyo de cómplices en libertad. Desde los penales, accedían a teléfonos celulares de manera ilegal y gestionaban las cuentas en redes sociales y aplicaciones de citas.
Una vez obtenida la confianza de la víctima, comenzaba la maniobra de extorsión. Los delincuentes se hacían pasar por padres, madres o abogados de la supuesta menor, enviaban capturas de pantalla de conversaciones y fotos y utilizaban un lenguaje técnico para dar verosimilitud al engaño. En muchos casos, amenazaban con radicar denuncias por grooming o corrupción de menores.
Fuentes del caso indicaron que ya hay siete detenidos vinculados a esta estructura, que habría atacado a decenas de víctimas en todo el país, no sólo a miembros de las Fuerzas Armadas. La hipótesis de los investigadores es que la banda revisaba perfiles y datos personales en redes para detectar personas con algo que perder: cargos públicos, trayectorias profesionales o responsabilidades de alto perfil.
La carta de Gómez y las líneas de la investigación
En la última carta que dejó, Gómez habría detallado parte de las presiones económicas que sufría y mencionado pagos que lo dejaron endeudado. Ese texto, según dejaron trascender fuentes con acceso al expediente, contiene alusiones a amenazas y a la posibilidad de que lo “arruinen” con una denuncia. Esas frases coincidieron con el modus operandi de la banda ahora imputada.
La causa busca determinar si existió responsabilidad directa de la organización en el desenlace fatal del suboficial o si se trató de un cuadro de hostigamiento que lo empujó a una decisión extrema. Peritajes telefónicos, análisis de movimientos bancarios y rastreo de direcciones IP son parte del trabajo que llevan adelante las fiscalías intervinientes.
En paralelo, el Ejército Argentino abrió un sumario interno para reconstruir los últimos días de Gómez y relevar si había manifestado temor o cambios de conducta frente a sus superiores o compañeros. También se investiga si otros militares habrían sido blanco de maniobras similares a través de redes.
Extorsiones digitales: recomendaciones para no caer en la trampa
Ante el avance de este tipo de delitos, especialistas en ciberseguridad y las propias fuerzas de seguridad recomiendan extremar recaudos en el uso de redes sociales y aplicaciones de citas. Algunas pautas básicas son:
- Evitar compartir fotos íntimas o datos sensibles con personas que recién se conocen en entornos virtuales.
- Desconfiar de perfiles con escasa información, pocas fotos o que piden cambiar rápido de plataforma.
- No acceder a transferencias ni pagos ante amenazas: la recomendación es cortar el contacto y hacer la denuncia.
- Guardar capturas de pantalla y comprobantes de mensajes para aportar a la Justicia.
- Consultar a un abogado o a la fiscalía especializada en ciberdelitos de cada jurisdicción.
Las autoridades remarcan que, ante una extorsión, la víctima no comete delito por haber sido engañada. Por eso insisten en que no se ceda al miedo y se recurra de inmediato a los canales de denuncia para permitir la actuación de la Justicia y el desbaratamiento de estas bandas.
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