La Justicia federal volvió a poner bajo la lupa los vínculos entre estructuras del Estado y el narcotráfico, tras confirmar el procesamiento de un coronel retirado de Inteligencia acusado de organizar un embarque de cocaína hacia Europa.

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y la prisión preventiva del coronel retirado de Inteligencia Pablo Quiroga, de 63 años, señalado como uno de los cerebros detrás de un fallido plan para enviar un cargamento de cocaína a Europa.
Según la resolución, los jueces respaldaron la investigación de la magistrada federal Sandra Arroyo Salgado, quien viene siguiendo la pista de una estructura criminal con acceso a información y logística sensible, presuntamente utilizada para intentar sacar la droga del país.
El expediente apunta a una trama compleja donde se mezclan exmiembros de fuerzas de seguridad, contactos en áreas de control aeroportuario y operadores logísticos, con el objetivo de concretar un envío millonario al mercado europeo.
Menciones que alcanzan a la PSA
La causa suma tensión institucional porque, en su fallo, los camaristas mencionan al actual jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Carlos Tonelli. Si bien no se dictaron medidas en su contra, las referencias en la resolución abren interrogantes sobre el alcance de las responsabilidades y los eventuales nexos dentro de la fuerza.
Fuentes judiciales señalan que, en esta etapa, el foco está puesto en determinar si hubo colaboración, encubrimiento o fallas graves en los controles que facilitaran el intento de embarque. El caso reactiva el debate sobre la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad en aeropuertos y terminales de carga.
El rol de la PSA es clave en la prevención del narcotráfico internacional, por lo que cualquier mención a sus máximas autoridades en un expediente de este tipo genera preocupación política y reclamos de mayor transparencia.
La investigación y sus posibles derivaciones
De acuerdo con la pesquisa, el plan incluía aprovechar estructuras legales de comercio exterior para ocultar la cocaína en contenedores o cargas de exportación, un método utilizado con frecuencia por organizaciones criminales que operan desde Sudamérica hacia puertos europeos.
La confirmación del procesamiento de Quiroga refuerza la hipótesis de que se trataba de un esquema con cierto grado de sofisticación, capaz de conocer al detalle los puntos débiles de los controles estatales y las rutinas de revisión de cargas.
Para los investigadores, uno de los desafíos centrales será establecer si el coronel retirado actuaba de manera aislada o si era parte de una red más amplia, con ramificaciones en distintos niveles del Estado y conexiones con organizaciones narcocriminales ya investigadas en otras causas.
Especialistas en seguridad consultados en el ámbito federal advierten que este tipo de casos vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles internos sobre personal en actividad y retirados con experiencia en inteligencia, logística y operaciones especiales.
La causa, que sigue bajo secreto en algunos tramos, podría derivar en nuevas citaciones y pedidos de informes a áreas sensibles del Estado. En paralelo, crecen las presiones para que se esclarezca con precisión el alcance de las menciones al titular de la PSA y se determine si hubo responsabilidades concretas o fallas institucionales que hayan favorecido el intento de envío de cocaína.



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