La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad y planteó que si el Congreso avala el cambio, será clave crear nuevos centros para jóvenes en conflicto con la ley penal.
En medio del debate nacional sobre la responsabilidad penal juvenil, la ministra de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva respaldó la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los trece años. La funcionaria consideró que se trata de una herramienta necesaria frente al avance del delito donde intervienen menores.
Monteoliva aseguró que si el Congreso aprueba el nuevo régimen, el Estado deberá acompañar la medida con infraestructura específica. “Si se baja la imputabilidad, habrá que construir centros para jóvenes, no solo cárceles tradicionales”, consideró, diferenciando entre el sistema penitenciario de adultos y los dispositivos orientados a adolescentes.
Cárceles, centros juveniles y un debate que se repite
La ministra insistió en que la discusión no puede limitarse a la letra de la ley. Para ella, una reforma penal juvenil exige mayor inversión en infraestructura, personal especializado y programas de reinserción. En ese sentido, sostuvo que “hay que seguir construyendo cárceles y centros de detención adecuados”, con módulos preparados para alojar adolescentes con medidas de seguridad y contención.
En Argentina, el debate sobre la baja de imputabilidad aparece de forma cíclica cada vez que crecen los hechos de inseguridad con participación de menores. Organismos de derechos humanos y especialistas en niñez advierten que endurecer penas sin políticas de prevención puede agravar la exclusión social y no necesariamente reducir el delito.
Monteoliva, en cambio, enfatiza que el sistema actual deja “zonas grises” que son aprovechadas por bandas criminales para utilizar chicos como mano de obra. Según su mirada, la reforma debería cerrar esos vacíos legales, pero al mismo tiempo ofrecer herramientas educativas y de acompañamiento a las familias.
Desafíos para el Congreso y el sistema de seguridad
El eventual proyecto para bajar la edad de imputabilidad abre un frente complejo en el Congreso. Diputados y senadores deberán definir no solo el nuevo piso etario, sino también criterios de juzgamiento, condiciones de detención y alternativas a la cárcel, como medidas socioeducativas, tratamientos e instancias de mediación penal juvenil.
Organizaciones especializadas recuerdan que la mayoría de los adolescentes que llegan al sistema penal lo hacen por delitos contra la propiedad y provienen de contextos de alta vulnerabilidad. En ese marco, reclaman que cualquier cambio normativo incluya presupuesto para educación, salud mental y políticas de inclusión laboral temprana.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sostiene que la respuesta estatal debe ser integral: reforzar el accionar policial, modernizar los sistemas de información criminal y coordinar con las provincias la creación de establecimientos adecuados para menores imputables, con control judicial y equipos interdisciplinarios.
El debate promete ser uno de los ejes de la agenda legislativa, en un escenario marcado por la preocupación social ante la violencia urbana y la participación de jóvenes en redes delictivas.
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