Un operativo policial en Villa Gobernador Gálvez para desalojar a familias sin techo de un terreno fiscal derivó en una fuerte represión, con balas de goma, corridas y graves denuncias por abuso de autoridad y ausencia del Estado.
El episodio ocurrió en un predio perteneciente a la provincia de Santa Fe, que se encontraba abandonado desde hacía años. En ese contexto, numerosas familias de Villa Gobernador Gálvez comenzaron a levantar construcciones precarias para intentar fijar residencia en el lugar.
Según relataron vecinos y organizaciones sociales, el despliegue de la Policía de Santa Fe se realizó sin exhibir una orden judicial en el lugar. Los efectivos avanzaron sobre las familias, entre ellas mujeres, niños y personas mayores, para despejar de forma inmediata la toma.
Testigos señalan que los uniformados utilizaron balas de goma, gases y forcejeos para dispersar a quienes se resistían a abandonar el predio. Varias personas terminaron con heridas visibles y contusiones, mientras que otras debieron recibir asistencia médica por problemas respiratorios.
Denuncias por represión y ausencia del Estado
Las familias afectadas sostienen que recurrieron a la ocupación del terreno como último recurso ante la falta de acceso a la vivienda. Relatan que venían reclamando soluciones habitacionales y acompañamiento del Estado, pero que no recibieron respuestas concretas.
Organizaciones sociales y referentes barriales de la región denunciaron represión policial y exigieron que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad. Además, pidieron la presencia de funcionarios provinciales para abrir una mesa de diálogo con los vecinos.
La escena, registrada en videos caseros y difundida en redes, muestra corridas y gritos en medio del operativo, con madres intentando proteger a sus hijos mientras la Policía avanza sobre el asentamiento improvisado en el terreno fiscal.
Déficit habitacional y conflictos por tierras
El conflicto en Villa Gobernador Gálvez vuelve a exponer el déficit habitacional crónico que atraviesan distintas ciudades de Santa Fe. En los cordones urbanos más postergados se multiplican las tomas de tierras, en general sobre lotes fiscales o privados en desuso.
Especialistas en urbanismo y organizaciones de derechos humanos vienen advirtiendo que la respuesta basada casi exclusivamente en operativos de desalojo no resuelve el problema de fondo. Reclaman políticas de suelo, planes de vivienda accesibles y programas de alquiler social.
Mientras tanto, las familias desalojadas en VGG aseguran que quedaron nuevamente a la intemperie, con sus pocas pertenencias dispersas y sin un dispositivo de contención institucional inmediato. Piden que la provincia intervenga para garantizar un techo y evitar que la crisis derive en nuevos episodios de violencia.
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