En Rosario comenzó un proceso judicial inédito que pone bajo la lupa el uso de agroquímicos cerca de zonas pobladas, el cual podría marcar un antes y un después en las causas por delitos ambientales en Argentina.
Cinco productores rurales y dos exfuncionarios municipales se sientan en el banquillo en un juicio oral que investiga fumigaciones con agroquímicos en áreas cercanas a viviendas y espacios comunitarios. La causa se convirtió en un emblema para organizaciones socioambientales, las cuales exigen producir sin dañar la salud.
El expediente acumula años de denuncias por daños a la salud y al ambiente, junto con relatos de vecinos que aseguran haber sufrido síntomas respiratorios, alergias y afecciones crónicas tras las aspersiones. El proceso incluye más de cien testigos, entre especialistas, militantes y habitantes de la zona afectada.
Un juicio que puede sentar jurisprudencia
Para el movimiento ambientalista, el debate que se abrió en Rosario es clave porque apunta a establecer responsabilidades penales concretas en torno al uso de pesticidas. Hasta ahora, muchas causas similares en el país terminaron archivadas o limitadas al fuero administrativo.
En este caso, la imputación alcanza no solo a productores, sino también a exautoridades municipales, a quienes se les reprocha haber permitido o tolerado las fumigaciones en violación de normas de protección ambiental y ordenanzas locales.
El fallo que surja podría transformarse en un antecedente relevante para otros conflictos rurales en la provincia de Santa Fe y en diferentes regiones agrícolas del país, donde se discute la distancia mínima de aplicación y la combinación de modelos productivos.
El contexto santafesino y el reclamo por controles
Santa Fe es una de las provincias con mayor producción agrícola del país y Rosario funciona como nodo central del negocio cerealero. En los últimos años, sin embargo, crecieron las presentaciones judiciales por fumigaciones en áreas periurbanas, escuelas rurales y barrios cercanos a los campos.
Especialistas en salud pública advierten sobre la necesidad de reforzar la fiscalización estatal, mejorar los registros de enfermedades asociadas a la exposición crónica a plaguicidas y promover modelos productivos más sustentables, con menor impacto en los ecosistemas y en las personas.
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