El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo esquema de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que introduce cambios en el régimen de pensiones no contributivas y en la estructura del área encargada de las políticas públicas.
La administración de Javier Milei oficializó por decreto la reglamentación de la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Fue luego de un fallo judicial intimara al Ejecutivo a poner en funcionamiento la norma. La medida fija el nuevo marco del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad y redefine la estructura estatal encargada de aplicarlo.
La reglamentación llega tras una resolución judicial que ordenó al Gobierno avanzar con la implementación de la emergencia, votada en el Congreso para resguardar derechos básicos de las personas con discapacidad. El decreto establece plazos, procedimientos y alcances de la política, a fin de garantizar la continuidad de las prestaciones.
Fuentes oficiales remarcan que la emergencia apunta a evitar interrupciones en coberturas médicas, rehabilitación y asistencia económica en un contexto de ajuste fiscal. Organizaciones del sector, sin embargo, vienen advirtiendo sobre demoras en pagos, recortes y dificultades crecientes para sostener tratamientos.
Nuevo régimen para pensiones no contributivas y cambios en la Secretaría Nacional de Discapacidad
Dicho decreto fija lineamientos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. Éste incluye criterios de acceso, compatibilidades con otros ingresos y mecanismos de revisión de beneficios. El objetivo declarado es ordenar el padrón y transparentar los otorgamientos, en línea con la política general de recorte de gastos del Gobierno.
Especialistas advierten que cualquier cambio en los parámetros de acceso puede impactar de lleno en los sectores de menores recursos, ya que las pensiones suelen ser el principal ingreso en hogares donde las posibilidades de inserción laboral son muy limitadas. Por eso, piden que cualquier revisión se haga con enfoque de derechos y perspectiva social, no solo fiscal.
En paralelo con la reglamentación, el Ejecutivo designó a Alejandro Vilches como nuevo titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Mediante la misma decisión se definió que el área pase a depender del Ministerio de Salud, lo que implica un reordenamiento institucional de las políticas del sector.
Hasta ahora, la discapacidad venía articulándose con otros organismos de la administración pública, como Desarrollo Social o la Agencia Nacional de Discapacidad. El traspaso a Salud busca concentrar la gestión en torno a prestaciones médicas, certificaciones y cobertura de tratamientos, aunque genera interrogantes sobre el lugar que tendrán las dimensiones social, laboral y educativa.
Preocupación de organizaciones y pedidos de garantías
Distintas asociaciones de familiares, prestadores y personas con discapacidad reclamaron que la reglamentación no se traduzca en mayores trabas burocráticas ni en recortes encubiertos. En los últimos años se multiplicaron las movilizaciones frente a organismos públicos para denunciar atrasos en pagos y caídas de coberturas.
Las entidades advierten que, sin un financiamiento estable y reglas claras, muchos niños, niñas y adultos con discapacidad podrían ver interrumpidos tratamientos indispensables. También reclaman que se fortalezca el diálogo con las organizaciones del sector para monitorear el impacto real del decreto y corregir eventuales regresiones en derechos.
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