Más de un año después de la prohibición municipal, los cuidacoches siguen presentes en las calles de la ciudad de Santa Fe y un reciente episodio violento volvió a encender la discusión sobre hasta dónde llega la responsabilidad del Estado y cómo deben actuar los automovilistas.
Un hecho violento que reabrió la discusión
En los últimos días, un cuidacoches atacó a un automovilista luego de que este se negara a darle dinero por el supuesto cuidado del vehículo. Tras el incidente, el agresor intentó escapar por la zona de la Recoleta santafesina, pero fue detenido a pocas cuadras por personal policial.
El caso volvió a poner bajo la lupa la presencia de cuidacoches en la capital provincial, donde rige una ordenanza que los prohíbe desde hace más de un año. Sin embargo, la normativa no logró erradicar la práctica y hoy sigue siendo parte del paisaje urbano en distintos sectores céntricos y barrios con alta circulación.
Qué dice la Municipalidad y cuántos siguen en las calles
Desde la Municipalidad de Santa Fe estiman que aún hay alrededor de 80 cuidacoches activos que se resisten a abandonar la actividad pese a los controles. Muchos de ellos se concentran en zonas de hospitales, bancos, áreas comerciales y sectores nocturnos, donde la demanda de estacionamiento es alta.
El municipio sostiene que se realizan operativos junto con la policía y áreas de control para desalentar la presencia de cuidacoches, pero reconocen que se trata de un fenómeno complejo, atravesado por la crisis social, el desempleo y la informalidad laboral.
La ordenanza vigente plantea sanciones y faculta a las autoridades a intervenir cuando se detectan situaciones de amenaza o extorsión a conductores. Sin embargo, en la práctica, muchos automovilistas aseguran que prefieren pagar “para evitar problemas”, aun sabiendo que no están obligados.
¿Es obligatorio pagarle a un cuidacoches?
En Santa Fe, el pago a cuidacoches no es obligatorio. El espacio público es administrado por el Estado y solo los sistemas formales, como el estacionamiento medido, tienen un marco legal para cobrar por el uso de la vía pública.
Por eso, los cuidacoches no pueden exigir dinero ni condicionar la seguridad del vehículo de un conductor. Si el pedido de plata viene acompañado de amenazas, insultos o intimidación, la conducta puede encuadrarse en figuras penales como coacción o extorsión.
Un debate que cruza seguridad y exclusión social
El conflicto con los cuidacoches también expone una discusión de fondo: la de la vulnerabilidad social de quienes encuentran en esta práctica una forma de ingreso diario. Organizaciones sociales plantean la necesidad de políticas de inclusión laboral y acompañamiento estatal para ofrecer alternativas formales.
Mientras tanto, vecinos y automovilistas reclaman mayor presencia estatal en las calles para prevenir situaciones violentas y garantizar el derecho a circular y estacionar sin presiones ni amenazas. La tensión entre seguridad ciudadana y contención social vuelve a estar en el centro del escenario santafesino.
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