La causa por presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense sumó un nuevo capítulo con el pedido de prisión preventiva para dos ex empleados de planta permanente, acusados de captar jóvenes con falsas promesas laborales y someterlas sexualmente.
Imagen: Clarín
Los imputados son dos ex trabajadores de planta permanente de la Cámara alta provincial, que además integraban una agrupación política kirchnerista con presencia en el ámbito legislativo. De acuerdo a la investigación, se los acusa de montar un circuito de captación de jóvenes bajo la apariencia de militancia y oportunidades laborales.
Según las denuncias, los hombres contactaban a chicas a través de actividades políticas y redes de militancia, les ofrecían becas de estudio o empleos en la Legislatura bonaerense y luego las citaban en departamentos particulares u oficinas del propio Senado, donde se habrían concretado los abusos y violaciones.
La fiscalía sostiene que existió un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad económica de las víctimas, que confiaban en la posibilidad de acceder a un ingreso estable o a una beca estatal. El pedido de prisión preventiva se funda en la gravedad de los delitos investigados y en el riesgo de entorpecimiento de la causa.
Cómo funcionaba el presunto esquema de captación
De acuerdo a la reconstrucción preliminar, los acusados utilizaban su vínculo con una agrupación política alineada al kirchnerismo para presentarse como intermediarios con poder de gestión dentro de la Legislatura. Las jóvenes eran invitadas a participar de reuniones, encuentros partidarios y actividades territoriales.
En ese contexto, y bajo la promesa de un lugar de trabajo, horas extras o una beca, se las citaba en espacios que los acusados controlaban, como departamentos alquilados u oficinas legislativas. Allí, según las denuncias, se producían los ataques sexuales, en algunos casos con más de un presunto agresor presente.
Fuentes judiciales remarcan que la causa aún se encuentra en etapa de investigación preparatoria, con declaración de víctimas, testigos y análisis de comunicaciones electrónicas. No se descarta que puedan aparecer más denunciantes a medida que avanza el expediente.
Responsabilidad institucional y perspectiva de género
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control interno en los ámbitos legislativos y partidarios, especialmente en relación al trato hacia mujeres y diversidades. Organizaciones feministas insisten en la necesidad de fortalecer los protocolos contra la violencia de género dentro del Estado.
En la provincia de Buenos Aires, rige desde hace años un marco normativo que obliga a los tres poderes del Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Sin embargo, referentes del movimiento de mujeres señalan que aún persisten zonas de impunidad cuando los denunciados forman parte de estructuras políticas o administrativas.
Mientras el juez analiza el pedido de prisión preventiva, se espera que el Senado bonaerense y los bloques políticos involucrados definan medidas administrativas y de acompañamiento a las víctimas, en línea con los estándares de derechos humanos y las políticas de género vigentes a nivel nacional.
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