El Poder Ejecutivo dispuso una serie de recambios en organismos clave de control y documentación, con movimientos en la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Imagen: Ámbito Financiero
Las medidas se formalizaron a través de distintos decretos publicados en el Boletín Oficial, donde se aceptaron renuncias y se designaron nuevas autoridades en dependencias estratégicas del Estado nacional. Entre los cambios se destaca la salida de Luis Starc de la conducción de la UIF, organismo central en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Relevo en la Unidad de Información Financiera
La UIF es el organismo encargado de recibir, analizar y elevar reportes de operaciones sospechosas provenientes del sistema financiero, entidades cambiarias, casinos y otros sujetos obligados. Su rol resulta clave para cumplir los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar sanciones o señalamientos a nivel global.
En ese marco, el Gobierno aceptó la renuncia de Starc y avanzó con una nueva designación para encabezar el organismo. El recambio se da en un contexto de revisión de estructuras estatales y de alineamiento con la política económica y financiera que impulsa la actual gestión nacional.
Cambios en el Renaper y en el área de Energía
Otro de los focos de las decisiones oficiales fue el Registro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio del Interior y responsable de la emisión del DNI y pasaportes. A través de los decretos se dispusieron nuevas autoridades en áreas de conducción, con el objetivo de reorganizar funciones y agilizar trámites en todo el país.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con designaciones en el ENARGAS, el ente regulador del transporte y la distribución de gas natural. Allí, los movimientos se vinculan con el proceso de revisión tarifaria, el esquema de subsidios y la discusión por la sustentabilidad del sistema energético, temas que impactan de lleno en el bolsillo de los usuarios residenciales e industriales.
Los cambios se complementan con modificaciones en áreas de Transporte y Energía, donde el Gobierno busca ordenar contratos, revisar regulaciones y avanzar con la reducción del déficit fiscal a través de una menor intervención del Estado en los servicios públicos.
Un reordenamiento de la estructura estatal
Las decisiones publicadas en el Boletín Oficial se enmarcan en un proceso más amplio de reconfiguración del sector público nacional. El Ejecutivo viene impulsando un recorte de cargos políticos y una revisión de organismos descentralizados, con el argumento de reducir costos y hacer más eficiente la gestión.
Especialistas en administración pública advierten que, si bien los recambios de nombres son habituales al inicio o durante una gestión, en esta etapa cobran relevancia por el impacto que pueden tener en áreas sensibles, como el control de operaciones financieras, la seguridad de la identidad digital de la población y la regulación de servicios esenciales como el gas.
En los próximos días se espera la publicación de nuevas resoluciones que terminen de definir los equipos de trabajo en cada organismo y la orientación que tomarán las políticas de control, documentación ciudadana y energía en el corto y mediano plazo.
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