Romina, la mamá de Jeremías Monzón, intenta encontrar palabras para un dolor imposible: su hijo fue torturado y asesinado por un grupo de adolescentes que, además, filmó todo. En medio del duelo, reclama justicia y pone en discusión los límites del sistema penal juvenil en Argentina.
La voz de una madre atravesada por la violencia
En diálogo con el canal El Tres, Romina relató entre lágrimas cómo cambió su vida desde el crimen de Jeremías. Contó que nunca imaginó el nivel de perversión y violencia al que fue sometido su hijo, atacado por otros adolescentes que no sólo lo golpearon y torturaron, sino que también dejaron todo registrado en video.
La causa, que conmueve a la provincia de Santa Fe, reabrió el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad y las herramientas del Estado para prevenir hechos de extrema crueldad protagonizados por chicos y chicas.
Romina sostuvo que el dolor se vuelve aún más insoportable al saber que, por la edad de los agresores, las consecuencias judiciales serán limitadas. “Es muy injusto que mi hijo no tenga otra oportunidad de vivir y quienes le hicieron esto quizás ni siquiera conozcan una verdadera condena”, expresó.
Un caso que expone fallas del sistema
El crimen de Jeremías se suma a otros episodios recientes que encendieron las alarmas sobre cómo responde el sistema frente a delitos graves cometidos por menores. Especialistas en niñez advierten que la discusión no puede reducirse sólo a bajar la edad de imputabilidad, sino que debe incluir políticas de prevención, acompañamiento familiar y atención temprana de situaciones de violencia.
Organizaciones de derechos humanos y equipos técnicos de infancia remarcan que Argentina cuenta con normativas que priorizan medidas socioeducativas, pero reconocen que muchas veces fallan los dispositivos de contención, la presencia del Estado en los barrios y el acceso a salud mental para chicos en situación de vulnerabilidad.
Mientras tanto, para Romina la prioridad es que la muerte de su hijo no quede impune. Pide que la investigación avance con celeridad, que se esclarezca el rol de cada uno de los implicados y que el caso sirva para revisar los mecanismos de protección a adolescentes, tanto víctimas como victimarios.
En su testimonio, la mujer insistió en que nadie del Estado la preparó para afrontar una tragedia de este tipo y cuestionó la falta de acompañamiento psicológico y legal. “Yo tengo que seguir viviendo con esto todos los días. Lo mínimo que espero es que haya justicia y que no vuelva a pasar con otro pibe”, dijo.
El caso de Jeremías vuelve a poner en el centro el drama de muchas familias que, en contextos atravesados por la violencia, pierden a sus hijos en hechos que impactan de lleno en la agenda pública. La respuesta judicial, política y social será clave para que, detrás del dolor de Romina, no se repita la misma historia.
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