El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario y argumentó que su decisión prioriza el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico.
El presidente Javier Milei resolvió vetar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto con mayoría simple en Diputados. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 647/2025 y acompañada por las firmas del jefe de Gabinete y varios ministros. Desde el inicio, la Casa Rosada rechazó la iniciativa porque consideró que representaba un gasto excesivo y sin respaldo presupuestario, lo que ponía en peligro el superávit fiscal, eje central del plan económico.
El proyecto aprobado buscaba garantizar recursos permanentes para el funcionamiento de las universidades públicas, con actualización automática de partidas según la inflación y fondos específicos para sostener salarios docentes y no docentes. No obstante, el Gobierno advirtió que esas cláusulas pretendían condicionar su política de ajuste y generar una expansión del gasto estimada en más de un billón de pesos en 2025. Según su visión, ese costo solo podía financiarse con emisión monetaria, con consecuencias negativas para la inflación y mayor impacto sobre los sectores más vulnerables.
En sus fundamentos, el Ejecutivo recordó que la Constitución le otorga la facultad de observar total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso. Además, remarcó que el veto no constituye un desconocimiento institucional, sino una práctica habitual en la democracia argentina durante las últimas décadas. En esa línea, Milei afirmó que defender el equilibrio fiscal resulta indispensable para sostener todas las políticas públicas, incluida la educación superior.
Mientras tanto, la oposición convocó una sesión especial en la Cámara de Diputados para intentar revertir la decisión presidencial. Sin embargo, necesitará reunir los dos tercios de los votos, un objetivo difícil tras los resultados de la votación original.
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