Un dictamen clave del fiscal federal de Rosario sienta precedente a nivel nacional en la lucha contra los agrotóxicos y refuerza la protección de los pueblos fumigados.
La Justicia federal de Rosario volvió a marcar límites al modelo agroindustrial en la Argentina. En un dictamen que ya es considerado un punto de inflexión, el fiscal federal de Rosario Federico Reynares Solari rechazó el pedido de la Municipalidad de Pergamino para levantar las restricciones que impiden fumigar cerca de zonas urbanas y garantizan el acceso a agua potable segura.
La resolución representa un respaldo contundente a las comunidades afectadas por el uso intensivo de agrotóxicos en áreas periurbanas. Con argumentos sólidos, el fiscal se opuso al intento del municipio de revertir las medidas cautelares dictadas en 2019. Éstas surgieron a raíz de una causa penal que investiga contaminación ambiental y daños a la salud provocados por las fumigaciones en barrios de Pergamino.
El expediente se originó a partir de la denuncia de Sabrina Ortiz, abogada y vecina de la ciudad, quien visibilizó una realidad que hasta entonces permanecía silenciada. Mencionó niños con problemas respiratorios, abortos espontáneos, enfermedades crónicas y agua contaminada en los hogares.
Tras la presentación, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo impuso medidas inéditas: prohibición de fumigar con glifosato, atrazina, clorpirifos e imidacloprid a menos de 1.095 metros de la zona urbana. Asimismo, obligó a la Municipalidad a proveer agua segura. Todo esto en el marco de una causa penal que tiene como imputados a tres productores agroindustriales y a dos exfuncionarios municipales.
Ahora, con el juicio oral previsto para diciembre, el municipio -con apoyo explícito de entidades del agronegocio- buscó dar marcha atrás. Alegó que los costos del abastecimiento de agua eran altos y que había avances ambientales certificados por el protocolo “Municipio Verde”. Pero el fiscal Reynares Solari fue categórico: “Levantar las cautelares sería vaciar de contenido la investigación”, sentenció en su dictamen.
Pergamino: la Justicia rechazó el pedido para volver a fumigar
La estrategia, encabezado por el intendente Javier Martínez, llegó acompañada por una coalición de respaldo empresarial. Sociedad Rural de Pergamino, Aapresid, Coninagro, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y otras entidades del sector propusieron reemplazar las distancias de resguardo por un sistema de “buenas prácticas agrícolas”, sin base científica independiente.
En contraposición, Ortiz denunció que el protocolo Iram presentado como prueba de mejora no tiene legitimidad ambiental. “Es una norma elaborada por los mismos actores que promueven el uso de agrotóxicos. No contempla el principio precautorio ni la participación ciudadana”, remarcó.
El dictamen del fiscal federal se apoyó en los tres pilares de toda medida cautelar -verosimilitud del derecho, peligro en la demora y proporcionalidad-, pero subrayó además el carácter colectivo del derecho a un ambiente sano.
“El ambiente es un bien jurídico colectivo. Su afectación compromete no sólo a quienes habitan hoy el territorio, sino también a las generaciones futuras”, escribió Reynares Solari. Y reforzó: “La falta de certeza científica no debe usarse como excusa para no tomar medidas cuando hay riesgo de daño grave o irreversible”.
La decisión judicial cobra aún más relevancia en un contexto donde la exposición a agrotóxicos sigue siendo una realidad cotidiana en cientos de localidades argentinas. Pergamino no es una excepción, pero hoy se convierte en bandera.
El juicio al modelo
El próximo 3 de diciembre comenzará el juicio oral en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario. Serán juzgados tres productores agropecuarios por los delitos previstos en la ley de residuos peligrosos (N° 24.051), por contaminar con agrotóxicos a menos de 100 metros de zonas habitadas y por afectar el agua subterránea que abastece a varios barrios de la ciudad.
Entre los testigos convocados se destacan científicos y médicas/os de trayectoria reconocida en el estudio de los efectos del glifosato y otros agroquímicos.
Del otro lado, los productores convocaron como testigos a representantes del laboratorio TAS, cuya vinculación con el agronegocio ya fue cuestionada públicamente por la querella y por el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, quien ha sido clave en el acompañamiento legal y territorial del caso.
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