En el marco de la causa Vialidad, Cristina Kirchner pidió la suspensión del decomiso de sus bienes y cuestionó el cálculo del monto.
Este miércoles se cumple el plazo que el Tribunal Oral Federal 2 le impuso a los nueve imputados en la causa Vialidad para que, solidariamente, paguen un total de 537 millones de dólares, como parte de la condena por defraudación al Estado. Pero antes, la defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito en el cual pidió la suspensión del decomiso de sus bienes y cuestionó el cálculo, argumentando que no tiene el dinero suficiente para hacerle frente a los $684.000 millones.
En la intimación firmada por el juez de ejecución Jorge Gorini se le daba a los imputados diez días hábiles de tiempo para pagar. De lo contrario, se le ejecutarían los bienes. Ese plazo vence hoy, miércoles 13 de agosto. Además de la expresidenta, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
Cristina pidió la suspensión del decomiso de sus bienes
Los abogados de la exmandataria Carlos Beraldi y Ary Lleronovoy presentaron ayer una respuesta a la intimidación por un lado y la apelación de la redeterminación de la cifra final realizada por el Tribunal. Además, reclamaron que el caso lo trate el fuero civil y comercial.
Cristina sostiene que no tiene bienes que sean “instrumentos, producto o provecho del delito”. Menciona, también, que toda su evolución patrimonial y la de su familia fue declarada legítima en causas anteriores con sentencias firme. Por tal motivo, para la defensa el deocmiso de los bienes implicaría “violar la cosa juzgada y el principio de legalidad”.
Además, para ella, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no determinaron fehacientemente qué bienes de CFK habrían sido producto de la defraudación al Estado que ellos dieron probada. Por lo tanto, no podrían ejecutarse bienes obtenidos de manera lícita. En la misma línea, afirma que podría afectarse con la medida a terceros. Concretamente, a sus hijos Florencia y Máxima Kirchner, “legítimos propietarios por herencia” previa a la condena.
La advertencia de Beraldi y Lleronovoy
Al respecto, Beraldi y Lleronovoy advierten que el Tribunal “confunde” la figura de un decomiso con una reparación civil. Advierten que se incurre en la cosa juzgada, ya que se está sustanciando en paralelo un proceso civil para la reparación por daños, como establece el Código Penal.
El otro escrito que presentaron es un recurso de casación contra la resolución del TOF2, que actualizó el monto del decomiso a $684.990.350.139,86, usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, los letradas rechazan que la cuenta se haya hecho en base al IPC. Afirman que el mismo tribunal en casos recientes y con los mismos jueces rechazó el uso de ese índice para calcular las actualizaciones de decomisos y aplicó tasas bancarias para ese fin. También reclaman que el caso pase al fuero civil y comercial. Argumentan que “traslada criterios de reparación civil al ámbito penal, generando un efecto confiscatorio y duplicando consecuencias patrimoniales”.
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