Durante la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno ratificó el recorte a los subsidios energéticos.
Durante la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió con la reducción del gasto público. En tal sentido, ratificó el recorte a los subsidios energéticos. Se trata de una política clave para alcanzar el objetivo de déficit cero que impulsa la administración libertaria.
Según el informe técnico que el organismo dio a conocer tras la revisión, el Ejecutivo argentino proyecta una disminución drástica de los fondos destinados a subsidiar las tarifas de luz y gas. El plan oficial apunta a que, para el año 2030, el gasto en subsidios energéticos sea un 80% menor al actual.
Los números que acompañan el reporte son contundentes. Para este año, el presupuesto prevé $6,3 billones en subsidios a la energía, incremento que queda muy por debajo de la inflación proyectada. En 2026, la cifra se mantendría en niveles similares y para 2027 se espera que el gasto se reduzca a la mitad. La meta para 2030 es que apenas represente un 20% del monto actual.
El equipo del ministro de Economía Luis Caputo reafirmó ante el FMI que “continuaremos nuestros esfuerzos para reducir los subsidios a la energía, garantizando una recuperación adecuada del costo promedio de la electricidad”.
El Gobierno ratificó el recorte de subsidios energéticos y prepara un registro único de usuarios
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó en la reducción de subsidios mediante cambios en los criterios de consumo y la segmentación de tarifas. Asimismo, aumentó los recargos en el gas natural para las llamadas zonas frías. La intención oficial es dejar atrás el esquema de subsidios según el nivel de ingresos y focalizar la ayuda estatal en los sectores más vulnerables, a través de un modelo más cercano a la tarifa social.
Sin embargo, el proceso de eliminación de la asistencia generalizada avanza con cierta cautela. Por ahora, la segmentación heredada del Gobierno anterior continuará al menos hasta julio de 2026. En esa fecha culmina la actual emergencia energética.
Paralelamente, el Ministerio de Economía se comprometió ante el Fondo a mejorar la “focalización, gobernanza y eficiencia” de los programas sociales. Para esto, antes de fin de año, el Gobierno presentará un registro único de usuarios, que integrará datos sobre todos los beneficios sociales y subsidios que cada ciudadano recibe del Estado.
Esta nueva herramienta será clave para cruzar información y dirigir la asistencia estatal a quienes realmente la necesiten, y su presentación está prevista para diciembre, antes de la próxima revisión del FMI en enero de 2026.
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